EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA---------------

EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN ZONAS DE GUERRA....

 

Negocios en zona de conflicto

Aunque los negocios relacionados con los conflictos y las guerras se han repetido a lo largo de la Historia, desde el comercio de armas hasta el rescate de prisioneros, llama la atención que en la actualidad exista un mercado transnacional relacionado con la fuerza, capaz incluso de influir en procesos políticos y sociales. Tras su surgimiento más o menos con el final de la Guerra Fría y su consolidación definitiva con las invasiones de Irak y Afganistán, las EMSP se han convertido en un actor habitual en los escenarios de conflicto del siglo XXI.

Las EMSP están consideradas teórica y socialmente como empresas; tienen afán de lucro, cuentan con sedes, se establecen de manera legal y actúan como cualquier negocio: ofrecen por contrato sus servicios a un número amplio de clientes, tanto de carácter público como privado. Lo que las convierte en un negocio bastante particular es que esos servicios están ligados de forma directa o indirecta al uso de la fuerza armada y que pueden operar en áreas de conflicto armado o zonas inestables donde la acción del Gobierno responsable está ausente o es insuficiente.

Las EMSP forman parte de un sector que también aporta otros servicios de carácter más cotidiano: guardias de edificios e infraestructuras, instalación de alarmas, guardaespaldas privados, etcétera. En áreas conflictivas, ofrecen servicios de protección de personal o bienes, entrenamiento, asesoría o mantenimiento de sistemas armamentísticos. Asimismo, pueden ofrecer tareas como el interrogatorio de detenidos, unidades caninas, servicios de inteligencia, desminado del terreno e incluso la participación en hostilidades. En definitiva, las EMSP proporcionan combatientes, técnicos, instructores o asesores a quienes los contratan —normalmente Gobiernos y empresas, aunque también instituciones u otros actores no estatales presentes en los conflictos—.

En un mundo globalizado con una reducción del papel de los Estados por un lado y la expansión del capitalismo y aparición de grandes compañías que operan a escala mundial por el otro, el campo de la seguridad se ha convertido en una forma más de negocio en la que el bien o servicio en oferta es el uso de la fuerza. Por ello, es normal que en el imaginario colectivo las EMSP se relacionen automáticamente con una figura que también ha estado muy presente en la Historia de los conflictos: los mercenarios. En este sentido, existe una gran controversia en la denominación de los empleados de las EMSP como mercenarios.

Para ampliar: “La privatización de la defensa: Compañías militares privadas y mercenarios”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2014

En primer lugar, para muchos puede resultar peyorativo, ya que los empleados de una EMSP consideran que simplemente prestan un servicio y realizan un encargo a un cliente. Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja establece que, si los empleados de una de estas empresas no participan directamente en las hostilidades, deben ser tratados como civiles. La distinción de estos trabajadores es fundamental a la hora de aplicar el Derecho internacional humanitario en contextos de conflicto, pero existe aún mucho desacuerdo al respecto, con un margen de maniobra muy impreciso con respecto al tratamiento jurídico de estos actores.

Los Estados y las EMSP

La falta de transparencia en cuanto a lo que en realidad ocurre sobre el terreno es uno de los rasgos más preocupantes de las EMSP, así como la dificultad de recabar datos concretos sobre esta rama de la industria, junto con el debate sobre la participación de empresas privadas en tareas tradicionalmente asignadas a las fuerzas armadas estatales y su correspondiente aplicación del Derecho internacional. Pese a todo ello, la existencia de tanta oferta se justifica precisamente con una correspondiente demanda.

Las razones por las que los Estados de los países desarrollados contratan este tipo de servicios y que han contribuido a su rápido crecimiento redundan en las características del sistema capitalista y la economía de libre mercado: su contratación supone menos coste, mayor especialización, tecnología más avanzada, rapidez y flexibilidad de actuación, además de, por supuesto, un mayor número de efectivos.

Sin embargo, los países con cierta inestabilidad política o Estados fallidos también recurren a servicios militares privados por cuestiones claras, ya que carecen de fuerzas policiales o militares propias con la formación, el número o los recursos suficientes. Por otro lado, en estos mismos países, actores no estatales como compañías multinacionales, ONG o cuerpos institucionales también recurren a las EMSP, lo cual conforma un escenario donde confluyen diferentes partes —algunas, por cierto, generalmente armadas o con un amplio despliegue tecnológico militar, lo que favorece la industria armamentística militar y el comercio de armas—.

Estados Unidos y Reino Unido lideran el mercado de EMSP, además de alojar en sus territorios las sedes de las más importantes —o, más bien, las que conforman el oligopolio del sector—, como pueden ser Academi —antes Blackwater— en Estados Unidos y Aegis Defense Service o G4S en Reino Unido. Por otro lado, encontramos pruebas de que la contratación de este tipo de servicios son habituales en ejemplos relativamente recientes, como el caso de Nigeria, que contrató en 2015 este tipo de empresas en su lucha contra Boko Haram, o Arabia Saudí, que ese mismo año contó con los combatientes de otra empresa para continuar azuzando el conflicto de Yemen.

Países donde han operado las empresas G4S —en rojo— y Aegis —en verde—.

Desde hace varios años, otro de los focos de trabajo de estas empresas se encuentra en Libia, un excelente ejemplo de Estado fallido que, desde el fracaso de su primavera árabe, está sumido en el caos y donde proliferan trabajos de escolta y protección privados.

¿El contrato es la nueva ley?

Las EMSP se presentan como una alternativa más barata, más moderna y, en algunos casos, incluso más eficiente que un ejército estatal. Sin embargo, en zonas de conflicto armado se plantean varios dilemas y escenarios bastante delicados precisamente debido a la naturaleza privada de estas compañías.

Evidentemente, las EMSP son más que simples empresas que operan a escala transnacional: su uso supone una transferencia del control de la fuerza, en poder del Estado a través de las fuerzas armadas, a una entidad privada que cuenta con sus propios combatientes. El Estado, por tanto, pierde sus mecanismos tradicionales de control —las leyes, por ejemplo— al regirse por el contrato establecido; se produce una alteración de los procesos políticos en tanto la privatización de la seguridad afecta a la gobernanza y debilita la soberanía del Estado a favor de las corporaciones. Todo ello sin entrar en detalles más concretos como la obediencia a según qué mando cuando se trabaja conjuntamente con el ejército. Además, en Estados débiles o fallidos, el Estado compite con agentes de naturaleza privada que monopolizan la fuerza, lo cual dificulta el desarrollo de instituciones propias más consolidadas.

La aportación de tecnología innovadora que facilita las tareas puede, además, crear relaciones de dependencia entre los clientes y las empresas. De hecho, muchas EMSP se han convertido en proveedoras de material de defensa para los Estados y en las encargadas de su mantenimiento. Nacen así nuevas necesidades y relaciones de dependencia.

Por otro lado, las multinacionales son grandes clientes de este tipo de empresas. La contratación de sus servicios por parte de una multinacional puede provocar una situación de superioridad militar y provocar que el Estado en cuestión carezca de ningún tipo de control. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en zonas y rutas relacionadas con recursos naturales —gas, petróleo e incluso minerales preciosos—: las multinacionales que explotan estos recursos o mantienen infraestructuras relacionadas con ellos contratarán EMSP para proteger tanto la zona como las rutas de transporte.

Las circunferencias indican las EMSP activas en la zona delimitada; los círculos, los casos de impacto sobre algún tipo de derecho, desde laboral hasta seguridad individual. Ver mapa interactivo

No debemos olvidar que las EMSP son negocios, empresas, aunque trabajen con las fuerzas armadas estatales o como sustitutas de ellas. Y, como empresas, su compromiso es el cumplimiento del contrato y su objetivo final, la obtención de un beneficio. Por eso, hay que tener en cuenta que los compromisos del Estado con respecto a su ciudadanía no tienen por qué coincidir con los intereses finales de la empresa. Y esto incluye actuaciones de todo tipo.

Hay ocasiones en las que, como es el caso de la empresa española UC Global Security Consulting, los intereses estaban alejados de su contrato, pero fueron puramente humanitarios: durante la realización de un encargo, se salvó a unas niñas nigerianas de su cautiverio a manos del grupo terrorista Boko Haram. Este tipo de relatos llaman a una reflexión sobre la libertad de movimientos de los empleados de una EMSP, que no siempre tienen por qué tener fines solidarios de este calado.

En este sentido, uno de los aspectos más preocupantes de las EMSP en zonas de conflicto está relacionado con las intervenciones directas en conflictos, pero, sobre todo, con las violaciones deliberadas y flagrantes de derechos humanos. Como grupos armados no estatales, las EMSP pueden considerarse un riesgo para la estabilidad y la paz, ya que, a diferencia de los ejércitos, pueden hacer uso de la violencia para la consecución de su objetivo y sentirse legitimadas para ello por trabajar fuera de los mecanismos gubernamentales.

Zonas de Irak donde se han producido incidentes relacionados con los derechos humanos y las EMSP entre 2003 y 2007. Fuente: Novact

Si falta seguridad, hay negocio

En el contexto de conflictos armados se producen actos delictivos, abusos y violaciones de los derechos humanos. Existen casos documentados de abusos de empleados de EMSP. La empresa Blackwater, por ejemplo, está sentenciada por el asesinato de civiles desarmados en Irak —su reputación se ha deteriorado tanto que en la actualidad trabaja con otro nombre: Academi—. Las empresas Titan y CACI también fueron señaladas en su momento por la implicación de sus trabajadores en las graves torturas de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, y DynCorp estuvo involucrada en una red de explotación sexual durante la guerra de los Balcanes, concretamente en Bosnia. Incluso la ONU reconoce su preocupación por los efectos de las actividades de las EMSP en relación con los  derechos humanos, especialmente en zonas de conflicto, y además pide mayor regulación.

La lógica también invita a la reflexión: ¿qué interés tiene una empresa especializada en trabajar en zonas de conflicto en que se estabilice esa zona? Mientras haya guerra, habrá negocio. ¿Se desvirtúa entonces el contexto de seguridad real de la zona a favor de la industria de seguridad? Cualquier momento prebélico o de posconflicto puede ser aprovechado como una oportunidad de trabajo; para este tipo de empresas, lo mismo supone entrenar rebeldes libios en el inicio de la revuelta que aprovecharse de la falta de un plan de posconflicto para alargar el contrato, tal como ocurrió en Irak. Por supuesto, puede considerarse alternativamente cómo estas empresas podrían colaborar en trabajos de mantenimiento de la paz.

Con todo, los Estados son libres de contratar EMSP en conflictos armados, ya que ninguna ley lo prohíbe. El reto en estos casos es la asunción de responsabilidades en el supuesto de producirse actos ilícitos. Aunque en realidad el gran desafío desde las relaciones internacionales contemporáneas es la debilidad del marco jurídico en el que se encuadra este perfil de empresas, lo que facilita principalmente la impunidad de los contratistas e incluso el tratamiento de civiles como prisioneros de guerra en caso de secuestro.

BLACKWATER--SEGURIDAD PRIVADA EN IRAK---1,500 EUROS DIARIOS

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TRABAJO DE SEGURIDAD PRIVADA EN IRAK 1,500 EUROS DIARIOS.

La realidad es que, miles de individuos provenientes de todo el planeta están en Irak, están contratados mayoritariamente por empresas con sede estadounidense con presencia en Irak. Así, según lo publicado por diversos medios, se pueden hallar comandos navales de Carolina del Norte; gurkas de Nepal; soldados del anterior régimen del apartheid sudafricano, comandos con antiguos miembros del Ejército chileno, soldados del ejército de la extinta URSS.

Los mejor pagados proceden de unidades de élite de fuerzas especiales de todo el mundo y son remunerados hasta con 1.500 euros al día. Algunas de las empresas de seguridad más poderosas han llegado incluso a componer sus propias “Fuerzas de Reacción Rápida” y sus propios servicios de inteligencia que elaboran informes diarios con una red de mapas de “Zonas calientes”, disponen de helicópteros, aviones y vehículos blindados de diversos tipos.

Lo sorprendente es que es ahora cuando los funcionarios de la APC están trabajando para preparar normas para las empresas privadas de seguridad. Las normas requerirán que el ministerio del Interior iraquí registre e investigue a todas las empresas. Se les reconocerá el derecho de detener a civiles y utilizar fuego mortal en defensa propia o en la de sus clientes.

Son las propias empresas de seguridad, sobre todo las más importantes, las que han presionado para la creación de una normativa argumentando que una afluencia de empresas pequeñas y sin experiencia ha contribuido a crear un ambiente caótico.

No hay duda de que este cambio de papeles es inusual, puesto que el impulso para dotar de normas a las empresas de seguridad privada está partiendo de los propios profesionales de seguridad. Igualmente, se afirma que los mercenarios de la seguridad privada trabajarán bajo control político iraquí.

A modo de conclusión puede decirse, como ya se ha informado anteriormente, que el fenómeno de la privatización de la guerra que se está llevando a cabo de forma paradigmática en Irak ha derivado hacia que las empresas privadas de seguridad asuman un gran catálogo de funciones y misiones que tradicionalmente se encomendaba a los militares.

Lo cierto es que, con este esquema y planes, el mantenimiento de la ocupación en Irak también depende cada vez más de la seguridad privada y es un beneficio también para las fuerzas de coalición puesto que, como no cuentan a los mercenarios como soldados y no cuentan con sus víctimas como bajas militares, el Pentágono puede dar la apariencia de que tiene menos tropas en un conflicto en transición.

MANUEL SANCHEZ--GOMEZ MERELO.

En Irak, las funciones paramilitares de las empresas llamadas de seguridad privada tienen una enorme y dudosa legalidad, normalmente ejercen sus labores por encima de la ley y protegidos por normas impuestas por las fuerzas de ocupación. Fue el ex procónsul norteamericano para Irak, Paul Bremer –primero y principal escoltado por personal de seguridad privada– el que firmó un decreto, antes de su marcha de Irak, según el cual en ningún caso miembros de las fuerzas militares estadounidenses o las complementarias a sus misiones de seguridad privada (militares o paramilitares privadas) podrán ser juzgados ante tribunales iraquíes.

Para los contratistas de seguridad privada las normas iniciales del contrato son aparentemente simples: sus misiones son de vigilancia y protección, pueden defenderse pero no realizar ofensivas. No obstante, los expertos legales y militares dicen que se arriesgan a ser tratados como combatientes ilegales si apoyan a unidades militares en combates.

Lo cierto es que, hasta ahora, no hay un control central sobre las empresas, no hay normas de especiales de contratación, no hay pautas consistentes para supervisar o preparar nuevos contratos. Algunos guardias de seguridad se quejan por tener que intervenir en combate sin armas, sin preparación ni equipos adecuados. Además, la comunicación entre los mandos militares y los guardias de seguridad no funciona, ni se coordinan las operaciones.

La Autoridad Provisional de la Coalición (APC) estimó en sus inicios que los costes de seguridad privada serían el 10 por ciento de los 18.000 millones de dólares del dinero de la reconstrucción aprobado por el Congreso. En recientes estimaciones realizadas por el propio gobierno de EE.UU. se confirma que ese porcentaje ha aumentado por el momento hasta el 25 por ciento.

Inicialmente había en Irak unos 15.000 “contratistas militares o paramilitares” al servicio de docenas de corporaciones, más que el contingente de soldados ingleses. Se calculaba que había un guardia por cada 10 militares de las fuerzas de ocupación.

Pero, la verdad es que cuanto más empeora la situación en Irak, más se privatiza la guerra y más beneficios privados aporta. El asunto de las empresas militares privadas CMP (en inglés Private Military Contractors) se ha ido descuidando y deteriorando durante mucho tiempo. Sólo después del brutal asesinato en el 2004 de cuatro estadounidenses (todos estaban fuertemente armados y uno tenía un carné del Departamento de Defensa) por milicianos iraquíes en Fallujah hizo que empezaran a ser publicadas más informaciones al respecto. Aunque se trató de convencer al mundo que se trataba de civiles, no se pudo ocultar que, en este caso, eran empleados CMP, de la empresa de seguridad “Blackwater USA”.

Poco tiempo después, aparecieron múltiples declaraciones de soldados, como publicó el New York Times sobre que: “Los contratistas ahora tienen su propia flota de carros blindados y armas pesadas” o las de un ex miembro de las fuerzas especiales que le dijo al Washington Post que los “contratistas militares” que vigilan los ministerios matan iraquíes con toda impunidad. Repetidamente se ha dicho que estos “contratistas” tienen luz verde para amenazar y matar a iraquíes.

Consecuentemente, la situación de mercenarios contratados por empresas privadas para prestar servicio en zonas en guerra como Irak o Afganistán ha llamado especialmente la atención de Naciones Unidas y algunas fuentes norteamericanas, consideran que esos “mercenarios privados” suponen en estos momentos la segunda fuerza en la coalición “aliada”, sólo por detrás de las propias tropas norteamericanas. No obstante, y según se ha publicado, lo que preocupa a Naciones Unidas no es este tipo de reclutamiento, sino las diferentes fórmulas que han creado las empresas privadas de seguridad para formar auténticas “fuerzas de choque mercenarias” no sometidas a ninguna ley en particular, algo que en teoría está prohibido por la legislación internacional (Convención contra la Utilización de Mercenarios, 1989).

En este sentido, fue hecho público no hace mucho tiempo en Ginebra el informe del comité de trabajo, presidido por el español José Luis Gómez del Prado, en el que se pronuncia especialmente fuerte y tajante: “Las nuevas modalidades apuntan a una industria emergente y muy floreciente de empresas militares y de seguridad privada que responde a una lógica comercial en busca del mayor beneficio. El comité de trabajo de Naciones Unidas llama la atención sobre cómo los empleados de estas empresas militares y de seguridad privada gozan de una inmunidad que puede transformarse fácilmente en impunidad, lo que podría implicar que algunos Estados estarían contratando a esas empresas para evitar una responsabilidad jurídica directa”.

Esta situación también ha alarmado a expertos en Defensa y a algunos dirigentes del partido Demócrata de EE.UU., que estiman que la seguridad en un área hostil es una misión militar clásica y que delegarla en empresas privadas plantea cuestiones graves.

Pero, lo que es más grave, es que en Irak la resistencia o insurgencia no hace distinciones entre tropas combatientes y guardias de seguridad privada pues las considera en cualquier caso fuerzas de ocupación, al estar asociadas a los proyectos de la APC. Así, al haber convertido los convoyes y los edificios de la APC en objetivos esenciales, considera que los guardias de seguridad son igualmente objetivos militares. De ahí el peligro, puesto que es en estos casos es donde desaparece la diferencia entre la función preventiva de la reactiva para este tipo de empresas.

Lo cierto es que, las formas de conducción de la “guerra” están cambiando. Y, como se está demostrando, al lado de los ejércitos estatales surgen cada vez más CMPs, paramilitares, señores de la guerra, ejércitos privados y mercenarios como actores importantes en estas guerras. Sin olvidar que las guerras no declaradas se dan con menor frecuencia entre los Estados y sus ejércitos y con mayor frecuencia en el interior de los Estados entre tropas regulares e irregulares, y ante todo contra la población civil, y ahí es donde esta atípica seguridad privada, que son más mercenarios que guardias, toman el protagonismo y se transforman en una fuente de ingresos privados muy importantes.

Al principio, las funciones mas importantes encomendadas a las empresas privadas de seguridad era la de vigilar y proteger los múltiples proyectos de reconstrucción que EE.UU., a través de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), dirigida por el procónsul Bremer, pretendía llevar a cabo en Irak. Pero, con el permanente incremento de la resistencia armada iraquí en todo el país, esas funciones se ha visto prácticamente paralizadas y carentes de sentido porque no hay proyectos que vigilar, porque nadie puede ni quiere invertir ni trabajar en un país en el que la situación de “guerra preventiva” no ha cambiado la resistencia de sus ciudadanos a aceptar el nuevo modelo político que pretende imponer el presidente Bush a chiítas, kurdos y sunnitas.

Así, hace poco tiempo, los medios de comunicación daban la noticia de que Siemens y General Electric y otras empresas importantes abandonaban el país ante la imposibilidad material de desarrollar ningún proyecto.

Consecuentemente, esas misiones de vigilancia y protección han ido derivando progresivamente a funciones diferentes por la creciente espiral de terrorismo que ha sorprendido a las fuerzas de ocupación y sus contratistas. Ahora, sus misiones son más defender lugares esenciales y neurálgicos de la APC, incluyendo sus 15 cuarteles regionales e incluso la denominada “Zona verde”, situada en el corazón de Bagdad y donde se ubica el centro de poder de EEUU y de Irak; escoltar convoyes de suministros a través del territorio donde opera la resistencia y, incluso intervenir en acciones de combate, principalmente de defensa.

En este sentido, como no todas las empresas de seguridad privada disponen de importantes medios de defensa y ataque, y ante el número creciente de muertos que se va produciendo entre estas fuerzas, el sector ha reclamado armamento pesado con mayor potencia de fuego y, además, se quejan de que las fuerzas militares de la coalición no dan apoyo a sus peticiones de ayuda cuando se han visto sorprendidos y atacados por la resistencia como ocurrió en la ciudad de Kut, al sureste de Bagdad, donde ucranianos integrantes de las fuerzas de la coalición hicieron caso omiso de las llamadas de socorro de cinco guardias de seguridad personal del Grupo Hart, una consultora de seguridad británica registrada en Bermudas.

Lo cierto es que, en la actualidad, ya son cerca de 100.000 (cuatro veces más de lo previsto) los “contratistas militares” o miembros paramilitares y de seguridad privada que operan en Irak, a los que se agrega un número indeterminado de subcontratados, un total que, según estimaciones, se acerca al de la fuerza militar estadounidense en su conjunto destacada en Irak.

Los contratistas militares desempeñan toda una serie de tareas antes reservadas a los soldados. En Irak y Afganistán no sólo adiestran a las fuerzas armadas locales sino también, según ha sido publicado, participan en acciones de combate. Las misiones, obviamente, tienen cada vez más riesgo y, según estadísticas del Departamento de trabajo de los EEUU, desde el 2003 han sido asesinados en Irak más de 650 “contratados militares” privados.

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LOS PELIGROS QUE ENFRENTA UN SERVICIO DE SEGURIDAD CALIFICADO

Una función clave de la protección es trabajar en estrecha asociación con los Estados y demás actores para garantizar la protección y la seguridad de las personas que son de nuestro interés.

Un artefacto explosivo improvisado (AEI), también conocido como bomba de carretera, es una bomba de fabricación casera construida y utilizada de manera que no está de acuerdo con la práctica militar convencional. Puede estar construido a partir explosivos militares convencionales, tales como rondas de artillería, o con un compuesto de fertilizante comercial unido a un detonador.

Fuego cruzado. Quedar “atrapados en fuego cruzado” es una expresión que a menudo se refiere a las bajas no deseadas, ya sean muertos o heridos, de personas que se exponen inadvertidamente (espectadores, etc.) a los disparos en una batalla o un enfrentamiento armado, en condiciones de que les alcanzan las balas de cualquier bando. En tales casos, a menudo los individuos atrapados en el fuego cruzado no son el objetivo previsto y se les considera daños colaterales.

• Artefacto explosivo improvisado a control remoto (AEICRA). Dispositivo que se puede detonar a la distancia, ya sea por frecuencias de radio o mecánicamente (de alambre).

• Artefacto explosivo improvisado corporal o personal (AEIC/ AEIP ). Dispositivo colocado en el cuerpo del atacante, por lo general en un tipo de chaleco adaptado especialmente.

• Bomba trampa (“bomba lapa”). Todo tipo de artefacto explosivo que se puede adherir a las partes de abajo de un vehículo, ya sea magnéticamente o mediante un material adhesivo.

Artefacto explosivo improvisado instalado en vehículo (AEIV). Este es un término militar para denominar al coche bomba o camión bomba. El blanco puede ser estático o móvil.

• Fuego de armas ligeras. Las armas ligeras son armas de fuego u otras armas de fuego directo de menos de 20 mm de calibre, incluidas ametralladoras pesadas y granadas de mano.

• Fuego indirecto (IDF), por ejemplo, por morteros o cohetes. Disparos hechos con un arma sin depender de una línea de visión directa entre ésta y su objetivo.

• Ataque complejo. Ataque bien organizado y bien ejecutado con fuego directo e indirecto, incluido el uso de AEI.

Acciones

Inmediatas

En caso de detonación de un explosivo

(o de amenaza)

• Evacúe la zona lo más rápidamente posible, a una distancia de por lo menos 200 metros.

• Informe el incidente a la sala de radio o los servicios de emergencia y la policía. Deben existir procedimientos operativos estándar para este tipo de información.

• Si ha estallado el AEI, determine si hay lesionados y garantice la asistencia médica adecuada, si está disponible.

• Si es posible, preste los primeros auxilios y cuidados mientras llega personal médico calificado.

• Trate de descubrir cuál era el objetivo del ataque, los motivos y el modus operandi.

• Manténgase alejado de la escena de las explosiones, hasta que las autoridades competentes la declaren segura. Puede haber dispositivos secundarios que causen más víctimas.

Si queda atrapado en fuego cruzado

• Salga de la zona lo más pronto posible y alerte a otros para que la eviten.

• Busque resguardo apropiado, dependiendo del tipo de amenaza.

PEDRO ALEJANDRO REYES RAMOS

INSTRUCTOR DE SEGURIDAD

MINISTERIO DE INTERIOR DE PERU